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La Administración del Seguro Social propone un proyecto de ley para poner final a las cesantías de los empleados de la oficina estatal de incapacidad a quienes se les paga con fondos federales

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viernes, 23 de julio del 2010 Mark Lassiter, Oficial de prensa
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SEGURO SOCIAL

Comunicado de Prensa

La Administración del Seguro Social propone un proyecto de ley para poner final a las cesantías de los empleados de la oficina estatal de incapacidad a quienes se les paga con fondos federales

Michael J. Astrue, Comisionado de la Administración del Seguro Social, anunció hoy que su agencia está presentado un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos que le prohíbe a los estados a disminuir el número de personal estatal que toman decisiones en las reclamaciones de beneficios por incapacidad para el Seguro Social o las horas que trabajan por debajo de la cantidad que la Agencia autoriza, a menos que tengan autorización previa del Comisionado.

«Hace rato que los estados debieron cesar cesanteas desrazonables y la congelación de empleos que innecesariamente afectan a los ciudadanos que sufren por causa de incapacidades», declaró el Comisionado Astrue.  «Los estados no derivan ningún ahorro en lo absoluto al tomar dichas acciones y este proyecto de ley impediría los retrasos innecesarios en el proceso de las reclamaciones de beneficios por incapacidad. Estoy muy agradecido por el apoyo del Presidente en este asunto y urjo al Congreso a que apruebe sin demoras este proyecto de ley para ayudarnos a que éste se convierta en el patrón oficial del país.»

Más de una docena de estados han instituido cesantías y congelamientos de contratos de personal lo cual afectan a los empleados estatales a quienes se les paga con fondos federales y quienes toman decisiones concernientes a las reclamaciones de incapacidad por el Seguro Social. Las agencias estatales que emplean a estos trabajadores en sus departamentos de servicios de determinación de incapacidad (DDS, siglas en inglés) reciben un 100 porciento de sus fondos para su presupuesto para estos empleos de parte del gobierno federal. Por lo tanto, dichos estados no realizan ningún ahorro al cesantear a empleados y no contratar a más personal, ya que los salarios de los trabajadores provienen de los fondos federales. Lo único que logran con estas prácticas es demorar la aprobación de los beneficios a algunos de los ciudadanos más vulnerables a tales reglas – por ejemplo, las cesantías en el estado de California durante el año fiscal 2010 demoró el pago de beneficios por la cantidad de $11 millones a más de 40,000 de sus ciudadanos incapacitados. Las cesantías impuestas por los estados reducen la cantidad de contribuciones sobre ingresos e incrementan el desempleo en estos estados.

«Los miembros del Sindicato Número 1000 siempre han creído que el cesantear aquellos empleados cuyos salarios provienen de fondos federales no tiene ningún sentido económico y esto ha sido comprobado durante los últimos 18 meses que el gobernador Schwarzenegger de California ha impuesto las cesantías a los empleados estatales», recalcó la Yvonne Walker, Presidenta del Sindicato Internacional Número 1000 de Empleados que prestan Servicios.  «Aplaudo los esfuerzos del Seguro Social por su iniciativa en presentar este proyecto de ley que impedirá que política económica dañina sea aprobada. Este proyecto de ley ayudará no sólo a los empleados del DDS, sino que también a aquellos reclamantes de los beneficios quienes dependen de los servicios que prestan nuestros miembros.»

«Felicitamos al Comisionado por su liderazgo convincente y dedicado al tomar este paso tan valiente», dijo Susan X. Smith, Presidente de la Asociación Nacional de Examinadores de Incapacidades (NADE, siglas en inglés). «Nuestra membrecía es testigo del impacto negativo que las condiciones económicas presentes han causado a los ciudadanos con incapacidades y estamos esforzándonos para hacerle frente al aumento dramático en el número de reclamaciones de beneficios. Estas cesantías sólo logran multiplicar los problemas que los ciudadanos incapacitados tienen que enfrentar al crear retrasos innecesarios en el procedimiento de sus reclamaciones. NADE insta a que se tome acción decisiva en relación a este proyecto de ley.»

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