El Seguro Social presentó a la corte estatal de California una Declaración de Interés en la demanda que cuestiona el cesantear a empleados estatales de la Agencia de Determinación de Incapacidad cuyos salarios provienen de fondos federales
Michael J. Astrue, Comisionado de la Administración del Seguro Social, anunció hoy que el Departamento de Justicia, actuando a favor del Seguro Social, había presentado a la corte estatal de California una «Declaración de Interés» en la demanda nombrada como, «Union of American Physicians and Dentists v. Arnold Schwarzenegger, Governor of California» (El sindicato de médicos y dentistas estadounidenses versus Arnold Schwarzenegger, gobernador del estado de California) la cual está pendiente en dicha corte californiana. El sindicato de médicos y dentistas estadounidenses incluye en su membresía a los empleados de la División de Servicios de Determinación de Incapacidad del estado de California (DDSD, siglas en inglés) y el Departamento de Servicios Sociales, quienes evalúan las reclamaciones de beneficios por incapacidad para los programas de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario. El gobierno federal corre con todos los gastos administrativos y nómina de dichos empleados.
«Hace muchos meses que hemos intentado convencer a la legislatura californiana que el cesantear a los empleados de la DDSD no le ahorrará ni un centavo al estado, sino que le será más costoso. Al mismo tiempo, el cesantear a estos empleados estatales perjudica a los californianos que viven con incapacidades y a los mismos empleados», dijo el Comisionado Astrue. «Lamentablemente se ha hecho caso omiso de nuestras disputas. Esperamos que esta declaración de Interés haga reaccionar a la legislatura estatal al realizar los daños irreparables que causaría su política de cesantear a los empleados del DDSD.»
Los gastos administrativos al cesantear a los empleados del DDSD en el estado de California suman a un total de $849,000 por día de cesanteo. También debe tomarse en cuenta que cada día de cesanteo se suma un costo de $420,000 en beneficios de Seguro Social a los ciudadanos californianos con incapacidades por causa de las demoras.
La Declaración de Interés establece el que al estado de California cesantear a los empleados del DDSD no es consistente con las responsabilidades y obligaciones estatales estipuladas en la Ley del Seguro Social. Más específicamente, la implementación de estas reglas obligan al estado de California a proveer instalaciones adecuadas y personal capacitado para llevar a cabo el trabajo de determinación de incapacidad y, «hasta lo más posible, procesar el procedimiento de las reclamaciones por incapacidad evitando la congelación de plazas, el restringir las horas adicionales de trabajo o la eliminación de instalaciones o actividades».
«Como dijera el Vice-Presidente Biden en su carta al presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, el gobernador Edward Rendell, «Es de suma importancia que durante estos tiempos económicos difíciles que todos hagamos todo lo posible para aliviar la carga económica del público Americano», dijo el Comisionado Astrue.