Comunicado de Prensa (In English)
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Comunicado sobre el segundo informe incorrecto emitido por la Universidad de Syracuse
El último de los «análisis» que ha emitido la Universidad de Syracuse es simple y llanamente una presentación sin base científica con disfraz de una investigación académica. Las leyes federales les otorgan a los Jueces de Derecho Administrativo independencia sustancial al tomar decisiones. Por consiguiente las diferencias de opinión entre los jueces es una consecuencia predecible de las decisiones del Congreso de los Estados Unidos.
Al igual que el informe anterior emitido por la Universidad de Syracuse con referencia al Seguro Social, el presente informe está plagado de negligencia metodológica. Por ejemplo, sin que se hiciera ningún otro cambio, un incremento de un 30% en el número de jueces, de acuerdo con el informe de Syracuse, causará un incremento en el número de jueces cuyas opiniones judiciales quedarían fuera de la gama de opiniones. El simplemente concluir que hoy por hoy existen más diferencias de opinión que en años anteriores es incorrecto.
El informe de la Universidad de Syracuse también está comparando naranjas con manzanas. Por ejemplo, los Centros Nacionales de Audiencias Legales (NHC, siglas en inglés) ventilan una gran variedad de casos interactuando por video - un juez puede estar escuchando argumentos sobre una reclamación de una persona que se encuentra en el estado de Alaska, mientras que otro juez en una aula vecina está escuchando argumentos sobre una reclamación de una persona en la isla de Puerto Rico. Por consiguiente, es pura y llanamente irresponsable que el informe de la Universidad de Syracuse, según lo declara el informe en la página 5, compare jueces en un NHC con jueces que ventilan reclamaciones en una oficina tradicional de audiencias legales sin tomar en cuenta la vejez y origen de los casos.
Instamos a la Universidad de Syracuse a que insista que informes de este tipo sean presentados y plenamente evaluados por sus pares para poner fin a errores que engañan y que se revele las fuentes de apoyo económico que se usaron para producir estos informes. La integridad académica lo exige.